[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 2 de junio de 2025.]
La economía dominicana es muy resiliente. Ante crisis diversas, locales o internacionales, ha logrado resistir y recuperar el ritmo de crecimiento necesario que ha evitado un deterioro significativo de las condiciones de vida de la población. Durante las últimas tres décadas, el producto interno bruto (PIB) ha crecido en términos reales a un ritmo promedio de un 5%, factor clave en el aumento del ingreso per cápita y la reducción de los niveles de pobreza.
Las reformas estructurales implementadas a lo largo de los años noventa y la estabilidad macroeconómica han incentivado la inversión privada y la creación de empleo, lo cual ha contribuido al crecimiento sostenido del PIB. No obstante, el desempeño económico del país pudo haber sido mejor si, posteriormente, se hubiesen llevado a cabo reformas complementarias orientadas a modernizar el sistema educativo, fomentar la innovación y el progreso tecnológico, flexibilizar el segmento formal del mercado de trabajo, incrementar el grado de competencia, promover el acceso al capital de largo plazo, agilizar la obtención de permisos para emprender negocios, simplificar el sistema tributario, disminuir la evasión impositiva, mejorar la calidad e impacto del gasto público, reducir la deuda del sector público consolidado y ampliar las infraestructuras.
Desde el primer trimestre de 2020, la economía dominicana ha hecho frente a muchos desafíos. El Banco Central, junto con el Gobierno dominicano, ha combatido los efectos económicos adversos provocados por la pandemia del covid-19, ha enfrentado el empuje recesivo e inflacionario de los elevados precios internacionales de los combustibles y ha tenido que manejarse con mucha cautela frente a las altas tasas de interés derivadas de la postura restrictiva de la Reserva Federal. Esas situaciones llevaron al Banco Central a aplicar una política monetaria zigzagueante y claramente subóptima, que ha elevado tanto la volatilidad cambiaria como la variabilidad de la expansión del PIB.
La coyuntura internacional, caracterizada por altas tasas de interés, se agrava por la incertidumbre provocada por la política arancelaria del presidente Trump, que ha reducido la tasa de crecimiento global. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que en 2025 la economía de Estados Unidos se expandirá medio punto porcentual por debajo de lo previsto en enero y la sitúa en un 1.8%, mientras que prevé que la eurozona lo haga apenas un 0.8%.
En la República Dominicana se observa una desaceleración del ritmo de crecimiento económico. Según estimaciones del Banco Central, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró una variación interanual de un 1.7% el mes pasado, lo que colocó la expansión del primer cuatrimestre en el 2.5%. A inicios de año, el FMI, el Gobierno dominicano y el Banco Central proyectaron que la tasa de crecimiento del PIB se colocaría entre un 4% y un 4.5%, pero la semana pasada, ante el comportamiento de los primeros cuatro meses, el Banco Central corrigió a la baja su proyección y la situó en el rango del 3.5% al 4%. Para alcanzar el límite inferior de dicho rango, el IMAE tendría que crecer a un ritmo promedio interanual de un 4% entre mayo y diciembre de 2025.
Al descomponer los datos por sectores productivos, se percibe que ese objetivo será difícil de alcanzar. La actividad de la construcción, la de mayor peso en la economía nacional, arrojó una variación promedio de un -2.3% en los primeros cuatro meses. Ese comportamiento refleja el impacto de las altas tasas de interés reales que prevalecen en el mercado financiero dominicano, condicionadas por la política monetaria restrictiva aplicada por la Reserva Federal. Se prevé que Jerome Powell, presidente del banco central de Estados Unidos, mantenga inalterada por lo menos hasta septiembre su tasa de interés de referencia.
Si el Banco Central de la República Dominicana se arriesga y decide adoptar nuevas medidas de liquidez rápida a tasas de interés subsidiadas a favor del sector de la construcción, o de la economía en general, es probable que la tasa de cambio, que la semana pasada se mantuvo alrededor de 59.35 pesos por dólar, experimente un incremento de su ritmo de depreciación y mayor volatilidad en los próximos meses, lo que llevaría a las autoridades a intervenir en el mercado cambiario. Ese resultado, derivado de la aplicación de medidas monetarias inconsistentes con el esquema de metas de inflación y difíciles de desmontar, mantendría elevadas las tasas de interés de mercado, impactaría negativamente las decisiones de inversión y reduciría la eficacia del impulso monetario.
La actividad de hoteles, bares y restaurantes registró en el primer cuatrimestre un crecimiento promedio de un 2.9%. Dicha variación contrasta con la expansión promedio de los dos años previos, superior al 10%. La turbulencia provocada por la política comercial y las medidas migratorias de Trump han reducido la llegada de visitantes extranjeros al país.
El comercio y la manufactura, componentes significativos del PIB, arrojaron tasas de variación acumulada del 3.6% y el 1.5%, respectivamente. Si esas actividades, junto a la construcción y el turismo, continúan creciendo por debajo del ritmo potencial del 5%, es poco probable que se pueda alcanzar el nuevo rango de crecimiento proyectado por el Banco Central. Visto el comportamiento del primer cuatrimestre, es más factible que la variación del PIB se sitúe entre el 2.5% y el 3%.
En conclusión, en vez de continuar con una política monetaria zigzagueante, sería más eficiente botar lastre para mejorar el ritmo de crecimiento en el corto plazo. Las autoridades, además de incrementar la inversión pública, deben adoptar medidas que estimulen tanto la inversión privada como la demanda externa de bienes y servicios. Entre esas acciones destacan: promover la entrada libre de impuestos de capitales depositados en el exterior; eliminar el gravamen del 10% sobre los intereses; revisar la normativa bancaria para facilitar los préstamos a los sectores productivos; autorizar los permisos de los proyectos de inversión en curso; aumentar la tasa de depreciación como gasto permitido dentro del Impuesto sobre la Renta para nuevas inversiones; evitar la adopción de medidas laborales que constituyan un choque de oferta negativo; y facilitar las exportaciones hacia Haití, Centroamérica y el Caribe.
